El Gobierno firmó un acuerdo con la DAJuDeCO, la oficina de escuchas que Cristina busca sacarle a la Corte

el propio gobierno nacional firmaron en las últimas horas un convenio de cooperación con dicho organismo.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) Javier Leal de Ibarra, firmaron un acuerdo con el objetivo de establecer pautas y políticas de trabajo en el marco de la tarea del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que preside Losardo.

Se trata de un acuerdo normal entre en otros países pero en Argentina los K, como Leopoldo Moreau, vienen pidiendo la renuncia de Losardo por no apoyar la ofensiva de Cristina contra la Justicia.

“La firma de este convenio es la forma adecuada de colaboración entre ambos poderes del Estado, respetando la independencia de cada uno, con el objetivo de cumplir como país con los stándares internacionales elaborados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y generar una Estrategia Nacional efectiva y eficaz para combatir a los delitos de lavado de activos y de terrorismo”, sostuvo la ministra Losardo.

Leal de Ibarra, en tanto, señaló: “Para trabajar el Poder Ejecutivo necesita la información que le provee el Poder Judicial, es la manifestación más exacta de la verdadera función de la Da.Ju.De.Co que es prestar asistencia judicial para la cooperación entre los distintos poderes del Estado”.

La Dajudeco, conocida previamente en el sector como la “Ojota”, se encarga desde 2015 de la captación e interceptación de las escuchas judiciales. Se encuentra bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, a la que volvió durante el mandato de Mauricio Macri.

Anteriormente estaba a cargo de la Procuración General que dirigía Alejandra Gils Carbó, y había sido bautizada como Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).

Tras el cambio de manos y el regreso a la Corte, el kirchnerismo siempre buscó que la oficina de escuchas vuelva a la Procuración.

De allí que en su intento por lograrlo, la Comisión Bicameral que encabezó Leopoldo Moreau sostuviera a fin de año que la misma “es una herramienta de persecusión penal”, a través de un informe que le presentó a Cristina Fernández, como titular del Senado, y a Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados.