El Gobierno afirma que alrededor de 35.000 venezolanos, entre ellos 9.000 menores, entraron al país sin documentación regular entre fines de 2015 y de 2019. Es decir, con pasaportes vencidos en
el caso de los adultos, y en el caso de las niñas y niños, con fotocopias de partidas de nacimiento sin fotos ni ningún otro papel oficial que acreditara que son hijos de quienes dicen ser.
Por cierto, según supo Clarín, el Gobierno no renovó la disposición 520/2019 de la administración de Mauricio Macri -que debía actualizarse en 2020- y por la que los ciudadanos de Venezuela, que huyen desde hace años de los estragos políticos y económicos del chavismo, recibían un trato migratorio preferencial en la Argentina.Es decir, se les permitía entrar sin tantas exigencias en la documentación de entrada: pasaportes vencidos, o papeles sin apostillar.
Desde la oficina de la directora de Migraciones, Florencia Carignano, señalaron a Clarín que el Ministerio del Interior “quiere regularizar la situación”. Y que primero se enfocarán en los 9.000 menores que están sin clara identidad aquí.
Señalaron que mantienen diálogo con el régimen chavista a través de su embajada en Buenos Aires. Y que este diálogo migratorio es para que Caracas les envíe la documentación que no tienen de esos 35.000 en cuestión. Entre 2015 y 2019 llegaron 467.632 personas de nacionalidad venezolana, de los cuales hoy reside aquí la mitad.
También afirman que no descartan algún otro mecanismo distinto al 520/2019 y que están en diálogo con los distintos grupos de venezolanos que viven en la Argentina y que protagonizaron una fuerte polémica con la funcionaria la semana pasada.
Ocurre que, de contrarrestar las críticas de la oposición por haber eliminado y modificado un decreto de Macri que establecía la expulsión de extranjeros que cometieran delitos en la Argentina, Carignano habló en televisión e hizo referencia a la disposición 520/2019 de los ciudadanos venezolanos. Dijo que con ella también habían entrado delicuentes al país y puso como ejemplo el asesinato del turista inglés Matthew Gibbard a fines del 2019. Cinco venezolanos, entre ellos varios con entrada irregular a la Argentina fueron acusados de integrar la banda que cometió ese robo y crimen.
“Cuando a nosotros nos dicen que hicimos entrar delincuentes, yo digo, a mí me parece que no fuimos nosotros los que hicimos entrar delincuentes”, dijo, tras lo cual grupos de venezolanos, incluyendo a la representante de Juan Guaidó en la Argentina, Elisa Trotta Gamus, le pidieron explicaciones y trataron sus dichos de xenófobos.
Con los días, las aguas se fueron calmando y Carignano se reunió con Amnistía Internacional –fuertemente crítica del régimen de Nicolás Maduro- y con algunas organizaciones venezolanas en la Argentina que se mostraron dispuestas a “mediar”.
“Yo lo que tengo que solucionar es un problema migratorio que me dejaron. Migraciones los hacían entrar pero con papeles irregulares. Los mayores están con pasaportes o cédulas vencidas y no tienen antecedentes penales legalizados y entonces no podemos darles el DNI”, dijo Carignano a Clarín.
La funcionaria aseguró que el problema de estos ciudadanos es que están con la “documentación precaria” y no pueden recibir el DNI, que los niños tienen problemas cuando buscan inscribirse en las escuelas si no están con DNI y están fuera de regla con el Mercosur que exige parámetros de documentación regional.
“Estamos evaluando una medida excepcional solo para los niños, una excepción de derecho para los niños”, dijo.
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