Luego de la votación en Diputados de la reforma laboral esclavista, el gobierno libertario avanza sobre el último bastión de resistencia presupuestaria: la universidad pública. Con el sello de la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzabal Murphy y la pluma de Alejandro Álvarez, el «comisario» de las Fuerzas del Cielo en el área educativa, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que busca reescribir la Ley 27.795, aquella que la oposición y la calle le impusieron a Javier Milei el año pasado.
El optimismo en el entorno presidencial es total. Bajo la tutela estratégica de Santiago Caputo, el Gobierno confía en que su red de aliados parlamentarios le otorgará en marzo una ley «propia» que reemplace el esquema de financiamiento actual. La intención es clara: normalizar por ley lo que hasta ahora fue un recorte por decreto, disfrazando de «actualización» lo que los gremios califican como un cepo al salario docente.
El proyecto propone un sistema de actualización de gastos de funcionamiento atado al IPC, pero con una letra chica engañosa. Solo se activará si la inflación supera el 14,3%, el valor promedio que el Gobierno dibujó en el Presupuesto 2026. Es decir, el Estado se reserva el derecho de licuar los gastos operativos si los números oficiales logran mantenerse bajo ese techo, preservando un incremento real que en la práctica apenas alcanza para mantener los edificios en pie.
En materia de salud, la iniciativa incluye un refuerzo de $ 80.072 millones para los hospitales escuela. Sin embargo, el punto de mayor fricción es el artículo 5°, que regula las remuneraciones. El Gobierno ofrece una «recomposición» del 12,3% para todo el 2026, dividida en tres cuotas del 4,1% (marzo, julio y septiembre). Para los trabajadores, la oferta es una burla: se calcula sobre los básicos de diciembre de 2025, ignorando la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el primer año de gestión libertaria.
La respuesta de los claustros no se hizo esperar. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, fue tajante: “Este proyecto consolida el ajuste sobre nuestros salarios”. Desde los gremios docentes advierten que la movida de la Casa Rosada busca anular el fallo del juez Martín Cormick y el mandato de la ley de financiamiento original. Ante lo que consideran una «naturalización de la injusticia», el sector ya prepara paros nacionales para la primera semana de marzo, amenazando con un inicio del ciclo lectivo paralizado.
Mientras el Gobierno celebra un mercado laboral que imagina próspero gracias a la reciente reforma, la universidad pública entra en una zona de conflicto terminal. Para el Ejecutivo, se trata de «ordenar el sistema»; para quienes habitan las aulas, es el acta de defunción de la educación superior como derecho social.
Fuente Tiempo Argentino
