Cuando un adolescente deja de imaginar un futuro, no alcanza con preguntarnos qué le pasó. También deberíamos preguntarnos qué hicimos -como sociedad- para que ese futuro dejara de ser un lugar posible al que quisiera llegar.
Hay cifras que deberían interrumpir la agenda pública. En la Argentina, el suicidio representa la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años. El dato puede leerse como una estadística sanitaria, pero también como una pregunta que incomoda: ¿qué mundo estamos ofreciendo a quienes recién empiezan a imaginar el suyo?
“Lo peor que nos puede pasar es no tener esperanza”. La frase de Marisa Herrera, pronunciada en las Jornadas de Derecho de Familia realizadas en Villa Dolores, obliga a correr el problema del lugar donde solemos ponerlo. Porque cuando un adolescente pierde la esperanza, la respuesta no puede agotarse en la explicación individual, en el diagnóstico clínico ni en la intimidad de una familia. Hay algo más que mirar. Hay una sociedad alrededor.
Muchas veces, la pérdida de la esperanza no ocurre de un día para otro. Se va apagando lentamente, en una sucesión de pequeñas intemperies que, aisladas, quizá parezcan soportables, pero que juntas pueden volver inhabitable el futuro: vínculos que se rompen, violencias que no siempre encuentran palabras, escuelas que hacen lo imposible con recursos insuficientes, familias atravesadas por la incertidumbre, trabajos que no alcanzan y un horizonte económico que para demasiados jóvenes aparece como una puerta cerrada antes de haber podido tocarla.
Nada de eso explica por sí solo un suicidio. Sería injusto y peligroso reducir una decisión tan compleja a una única causa. Pero tampoco podemos desconocer que las vidas se construyen -y también se deterioran- dentro de determinadas condiciones sociales.
Por eso la salud mental no puede ser pensada únicamente detrás de la puerta de un consultorio. Necesita profesionales, tratamientos y dispositivos adecuados, pero también necesita políticas de cuidado, vivienda, educación, trabajo, comunidad y vínculos capaces de sostener. Necesita un Estado que no aparezca solamente cuando la crisis ya ocurrió. Que pueda llegar antes.
En esa tarea, la escuela pública ocupa un lugar irremplazable. No porque deba cargar sobre sus espaldas tragedias que pertenecen a toda la sociedad, sino porque muchas veces es uno de los últimos lugares donde un adolescente todavía puede ser visto antes de convertirse en un diagnóstico, un expediente o una cifra. Quizás prevenir sea, precisamente, mirar antes.
Mirar al chico que dejó de hablar. Al que dejó de ir. Al que ya no encuentra ningún lugar donde sentirse esperado. Mirar también a quien parece no necesitar a nadie. Porque pedir ayuda no siempre tiene la forma de una palabra. A veces es apenas una conducta que cambia, una ausencia, un silencio demasiado largo.
Y quizá haya otra pregunta que debamos hacernos. Estamos acostumbrados a mirar a los jóvenes desde aquello que les falta: proyectos, esfuerzo, tolerancia a la frustración, capacidad de adaptación. Les pedimos resiliencia frente a una intemperie que muchas veces no eligieron.
¿Y si alguna vez invirtiéramos la pregunta? ¿Qué certezas les estamos dando? ¿Qué adultos encuentran cuando necesitan ser escuchados? ¿Qué comunidad estamos construyendo alrededor de ellos? ¿Qué futuro les estamos mostrando cuando les decimos que estudien, que esperen, que se esfuercen, mientras el mundo que los espera parece cada vez más lejano?
Por eso, la esperanza también es un derecho. Y cuando un adolescente deja de encontrar razones para imaginarse mañana, quizá la pregunta más urgente no sea qué le falta a él para seguir viviendo, sino qué nos está faltando a nosotros para que vivir, crecer y soñar con el futuro vuelva a parecer una posibilidad.
Porque nadie se salva solo. Y garantizar las condiciones para que esa posibilidad exista no puede quedar reducido a un gesto de empatía: es una obligación democrática, colectiva e impostergable que nos compromete a todos.
Fuente Tiempo Argentino
