Un día después del operativo “Tormenta Negra”, las críticas al despliegue policial en 15 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires se multiplicaron. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes y legisladores porteños cuestionaron la intervención del Gobierno de Jorge Macri, mientras que el Ejecutivo porteño defendió el procedimiento como parte de su política de seguridad y ordenamiento del espacio público.
La segunda edición del operativo se realizó el jueves por la tarde con más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas porteñas en las villas 31, 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Según el balance difundido por la Ciudad, hubo 16 detenidos y 160 vehículos secuestrados. Once personas fueron detenidas por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de drogas, una por robo y otra por un pedido de captura. Además, fueron inspeccionados 30 locales y nueve resultaron clausurados.
Jorge Macri volvió a defender el criterio utilizado por su administración. “Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, sostuvo durante el operativo. El Gobierno porteño planteó que la intervención no estuvo limitada al combate contra el delito: incluyó controles de personas y vehículos, retiro de autos abandonados, basura y chatarra, inspecciones comerciales y controles sobre construcciones y establecimientos considerados irregulares.
El CELS denunció violencia y detenciones
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó este viernes un documento específico sobre la segunda edición de “Tormenta Negra”, en donde sostuvo que registró episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de pertenencias y herramientas de trabajo.
El organismo señaló además que uno de los jóvenes detenidos se encontraba en situación de calle dentro de la Villa 21-24 y cuestionó que la principal intervención estatal en esos territorios vuelva a ser policial.
“El gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar más de 1.500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios populares”, señaló el CELS, que describió el operativo como una intervención que “identifica pobreza con inseguridad, no con ausencia de derechos”.
El organismo también cuestionó que durante el despliegue no hubiera una intervención equivalente de las áreas sociales del Gobierno porteño. Según su planteo, en lugar de políticas orientadas a vivienda, salud, educación y trabajo, los barrios populares fueron abordados principalmente mediante dispositivos policiales y controles.
Ademys puso el foco en los chicos y las escuelas
Otra de las voces que se sumó este viernes fue la del sindicato docente Ademys. La organización difundió un comunicado titulado “Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs”. El gremio sostuvo que la intervención policial afecta también a las comunidades educativas de esos territorios y denunció que los operativos son registrados y exhibidos como una forma de “terror” sobre los chicos, sus familias y las organizaciones barriales.
Ademys reclamó, en contraposición con el despliegue policial, políticas de urbanización, acceso a la vivienda, servicios, alimentación, construcción de escuelas y mayor presupuesto educativo.
“Un show de racismo y discriminación”
Las críticas también llegaron desde la Legislatura porteña. Las legisladoras Vanina Biasi, del FIT, y Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, cuestionaron el operativo y lo calificaron de “show de racismo y discriminación”. Ambas acusaron al Gobierno porteño de hostigar y discriminar a habitantes de los barrios populares.
Fuerza por Buenos Aires difundió además un comunicado en el que además de repudiar el megaprocedimiento indicó que se trató «de una muestra más de la bajeza de Jorge Macri».
El espacio opositor sostuvo que el despliegue utilizó una cantidad “exorbitante” de recursos para obtener resultados que consideró insuficientes y cuestionó particularmente las denuncias de violencia policial.
En el mismo comunicado, Fuerza por Buenos Aires planteó que “se golpea a quienes trabajan, se atemoriza a las familias y hasta se lesiona con balas de goma a mujeres que van a la Iglesia”. También sostuvo que el jefe de Gobierno debería dejar de gestionar la seguridad como una “campaña de comunicación”.
La discusión ya había llegado a la Legislatura
Tres días antes de la segunda “Tormenta Negra”, legisladores porteños habían presentado un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo realizado en mayo, cuando el Gobierno porteño había desplegado otro dispositivo de similares características en 15 barrios populares.
La iniciativa pide analizar los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos realizados por la Policía de la Ciudad.
Fuente Tiempo Argentino
