La Justicia liberó a Santino Alcaraz, de 20 años, también a Thiago Miño de 21, quienes habían sido apresados en distintos allanamientos que fueron protagonizados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. Ambos estaban acusados de un intento de robo y lesiones.
Durante la detención de uno de ellos, los familiares -junto a sus vecinos- se movilizaron y exhibieron como pruebas las cámaras de seguridad, las que mostraban en forma clara y precisa que el acusado era inocente. Santino estaba en su casa durmiendo «el día y hora que sucedieron los hechos».
El operativo policial en el domicilio de la familia Alcaraz -que fue la que se movilizó e hizo público el caso- se realizó el pasado 16 de septiembre en la localidad de El Palomar, ubicada en el oeste bonaerense. Aseguraron que los uniformados fueron violentos y los trataron muy mal a todos.
Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 a cargo de Pablo Masferrer, en conjunto con el Juzgado de Garantías 2 de Morón. Durante los próximos días se conocerá bajo qué condiciones fueron liberados los detenidos y sus abogados piden la absolución.
Sobre los operativos policiales
Los efectivos de la Policía Bonaerense realizaron cinco allanamientos en el marco de la investigación por el intento de asalto y lesiones que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en el Colegio Emaús de El Palomar. El hecho fue protagonizado por una banda delictiva integrada por un grupo de jóvenes.
En ese episodio resultó víctima y fue herido de bala -en la zona del abdomen- el excomisario Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, mientras dejaba a su hija en la institución educativa, como lo hace habitualmente. Se identificó cuando vio que intentaban robarle el auto a un vecino.
Santino quedó detenido en uno de los operativos que realizó la DDI de Morón y pasó 27 días detenido en la alcaidía de Merlo, a pesar de ser inocente. Además, los uniformados también lo habían imputado en 8 causas más por distintos delitos.

La voz de Santino en libertad
Santino, tras recuperar la libertad mantuvo un diálogo con Tiempo, en el que repasó: «El 16 de septiembre fui privado de mi libertad siendo inocente. Viví 27 días de la injusticia más grande que le puede tocar a una persona. Pero el martes 13 de octubre recuperé mi libertad, porque se hizo justicia y la verdad salió a la luz».
Y completó. «Fueron días muy duros. Perdí tiempo con mi familia, pero nunca perdí la fe. Quiero agradecer de corazón a mi familia que nunca me soltó la mano, a mi novia, a mis abogados, a mis vecinos y a todas las personas que creyeron en mí, que estuvieron en cada marcha; cuando era mucho más fácil señalarme«.

También dijo que espera que lo sucedido no quede en la nada, porque como ciudadano considera que si alguien comete un delito tiene que pagar por ello, porque es lo que está normado. Pide que se busquen a los verdaderos culpables, para que no haya nunca más pibes inocentes presos pagando por algo que no hicieron.
Santino continuó: «Ahora volví nuevamente a mi casa con la frente bien alta, con ganas de retomar mi vida, mi rutina, mi trabajo y mi estabilidad«. Y concluyó, «sin odio, pero siempre con la verdad».
Otros detenidos en la misma causa
En el marco de la misma investigación, fue imputado como uno de los responsables de la agresión al excomisario Catarraso, Maximiliano Peralta, quien se encontraba detenido hacía varios días en una comisaría de Tres de Febrero por otro hecho delictivo.
Y en otro operativo que se realizó en la Villa Carlos Gardel fue capturado y detenido Thiago Miño, quien resultó inocente y fue liberado junto con Santino. La causa también tiene detenido a un adolescente de 14 años, cuya causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón.
«Nosotros sabemos que Santino es inocente, además es una excelente persona, por eso los vecinos estábamos indignados y nos movilizamos tres veces pidiendo su libertad. Acá todos lo conocemos a él y a su familia. Sabemos que son personas humildes y muy trabajadoras«, aseguró una mujer del barrio, a Tiempo.

Movilizaciones por la libertad de Santino
La última movilización que realizaron por Santino fue la semana pasada en el puente de Dolores Prats, ubicado sobre Colectora Sur del Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar. Justo donde limitan los partidos de Morón y Tres de Febrero, cruzando por encima de la autopista Acceso Oeste.
«Consideramos que la policía no puede accionar de esa manera tan violenta e incorrecta, porque así estamos todos en un estado de inseguridad permanente. Nosotros sabemos que cuando hicieron el allanamiento, los policías trataron muy mal a todos los integrantes de la familia Alcaraz, eso no puede ser así», se quejó la vecina. «Porque eso significa que también nos puede pasar a nosotros sin haber cometido ningún delito«, terminó.
Santino es representado por el abogado Sergio Sánchez, quien trabajó a fondo en el caso. El letrado presentará el pedido de absolución de la causa, para que su defendido no quede con manchas judiciales. Por su parte, el fiscal Pablo Masferrer, consideró que no tienen pruebas suficientes para mantener detenidos a los dos jóvenes y por eso los liberó.
Causas armadas en el conurbano
Mientras los jóvenes estaban detenidos, este diario se comunicó con Ignacio «Nano» Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires: «Las denuncias de familiares y vecinos sobre causas armadas en el conurbano no se explican por conductas individuales aisladas», contó a Tiempo.
Y completó. «La violencia institucional se apoya en rutinas: detenciones, allanamientos, requisas y actas que se repiten dentro de procedimientos formalmente legales y que, para funcionar, no necesitan que alguien viole abiertamente la norma sino que nadie los controle«.

La responsabilidad del Poder Judicial
El director provincial contó que además hay un punto que suele quedar afuera de la discusión pública: la responsabilidad del Poder Judicial. También explicó que una parte importante de las investigaciones se delega en la propia policía, que las conduce sin supervisión efectiva durante largos tramos de la instrucción.
Continuó detallando que las fiscalías que impulsan la acción penal avalan procedimientos, actas y secuencias que deberían verificar. Y que los juzgados de garantías convalidan después lo actuado sin examen crítico. En pocos casos se recurre a prueba independiente del relato de la fuerza interviniente.
El director dijo que la Provincia de Buenos Aires ya tiene instrumentos para corregirlo y falta ponerlos a funcionar. Por ejemplo, la Ley 14.687 creó una Fiscalía Especializada en Violencia Institucional por cada departamento judicial, con criterios propios de investigación, un registro de procesos. Sin embargo, «su implementación efectiva sigue siendo muy baja», finalizó Álvarez.
Fuente Tiempo Argentino






