Iván Vivas tiene 46 años. Es cuarta generación de chacareros y uno de los 73 voluntarios de la provincia de Buenos Aires que participaron de SPRINT, un proyecto financiado con fondos europeos que posee como objetivo evaluar los riesgos del uso actual de plaguicidas para el ambiente y la salud humana y cuyos resultados no son públicos por puro mandamiento del INTA.
No sabe cómo interpretar la información –la prueba– que recibió por correo electrónico en formato PDF. “En sangre tengo cinco fitosanitarios –dice–, en orina tengo 10, y en la pulsera que me pusieron detectaron en total unos 30. Todos herbicidas, insecticidas y fungicidas. Falta que me expliquen qué significan estos resultados, cuál es el efecto de combinar en mi cuerpo, por ejemplo, glifosato y 2,4D. Si es grave o no”.
La preocupación de Iván puede derivar en un reclamo colectivo. De acuerdo a los censurados “resultados de SPRINT en muestras de humanos”, a los que Tiempo accedió de forma exclusiva, “el total de participantes argentinos” presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre; de 6 a 13 en orina; de cero a 18 en materia fecal y de 7 a 53 en las pulseras. La conclusión preliminar del informe no hace más que expresar lo evidente: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos, y las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana”.
Conocimiento
Durante la primera quincena de noviembre del 2021, Iván participó en el extenso muestreo biológico humano del proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global (SPRINT por sus siglas en inglés) aportando muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales. Además debió usar una pulsera para medir la calidad del aire.
El grupo de expertos encabezado por la investigadora del INTA y el Conicet, Virginia Aparicio, estuvo a cargo de tomar las muestras para monitorear la exposición, no solo de las personas, sino también del entorno local. A cambio, Aparicio ofreció identificar “formas de transición hacia un uso más sostenible y rentable de los plaguicidas para que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, el ganado y la salud humana, al tiempo que garantizamos que los agricultores no pierdan dinero como resultado”.
Iván no dudó. Permitió el ingreso a su campo familiar de Tres Arroyos, el mismo que había arrendado su abuelo por primera vez hacía 87 años y donde en esa primavera de 2021 había cosechado cebada, arveja, garbanzo y trigo.
“Entré al proyecto –explica– porque formo parte del grupo Cambio Rural (programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual además cuenta con el apoyo del INTA) y porque estoy volcado a la agroecología. Me pareció que era un paso más para generar conocimiento y saber qué es lo que está pasando en nuestro ecosistema, qué les está pasando a las comunidades; y también por una cuestión más egoísta: uno lleva sus hijos al campo”.
Además de las propias, Iván entregó muestras de sus vacas. También guió a las y los investigadores por arroyos y ríos cercanos a su casa y les franqueó el ingreso a campos vecinos. En uno de ellos, por ejemplo, hasta tomaron muestras de la materia fecal de los murciélagos. “Fue bastante completo y novedoso, me llamó la atención la cantidad de muestras, como para cubrir todo el ecosistema a nuestro alrededor. Eran un montón de voluntarios laburando sin parar durante tres meses”.
Silencio no es salud
El pasado 22 de mayo, los 73 participantes argentinos, entre agricultores convencionales, agroecológicos y familias instaladas cerca de áreas de cultivo, recibieron el informe detallado con los resultados. También se los invitó a la reunión virtual sobre las conclusiones del relevamiento agendada para el 21 de junio. Pero eso nunca sucedió. El director nacional del INTA Carlos Parera, instruyó a la doctora Aparicio que suspendiera dicho encuentro.
Para las organizaciones ambientalistas y referentes de la comunidad científica significó un acto de censura que tuvo su continuidad en la resolución del 5 de julio que “pospone las actividades comprometidas del INTA en el Proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la UNIÓN EUROPEA (UE) en el marco del Acuerdo de Subvención N° 862568-SPRINT hasta tanto se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas a la fecha de la presente medida”.
Según pudo averiguar este diario, la energía de Aparicio, a quien le prohibieron además conceder entrevistas, está puesta en reconstruir las relaciones de confianza con los participantes del proyecto –productores, vecinos de campos con cultivos, consumidores de alimentos, profesionales aplicadores de plaguicidas, empresas de insumos agropecuarios, profesionales de la industria de alimentos y de la salud pública, concejales y, sobre todo, con el equipo de trabajo de Europa– que tanto costaron construir y que fueron violentadas con la decisión del INTA de suspender la reunión. Una situación que empeoró después del anuncio del cese de las actividades del proyecto SPRINT previstas hasta el 2025. El silencio, en este caso, es lo contrario a la salud.
Aliada de las asambleas
La reciente notoriedad de Virginia Aparicio –ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agropecuarias, responsable del laboratorio INTA-Balcarce– por la cancelación de la reunión informativa de los resultados argentinos generales del proyecto SPRINT no es novedosa entre las asambleas y vecinos autoconvocados que desde hace varios años vienen denunciando las consecuencias de las fumigaciones sobre el derecho humano a un ambiente sano.
En agosto de 2020, a un año de la medida cautelar que establece límites en las pulverizaciones con agrotóxicos, un estudio sobre el agua de Pergamino realizado por Aparicio constató que se había reducido en un 50% la presencia de moléculas de agroquímicos en el agua, demostrando que la medida cautelar había resultado eficaz para proteger la salud de los habitantes de aquel partido bonaerense. «La restricción de aplicaciones a 1095 metros evitó que se aplicaran productos plaguicidas en las proximidades de las zonas de bombeo y extracción de agua», indicó.
Aparicio también fue la responsable de la investigación sobre plaguicidas en Lobos, donde identificó once sustancias en aguas subterráneas de diferentes profundidades.
El estudio comprobó, incluso, contaminación en aguas de lluvia, detallando el hallazgo de diez agrotóxicos en una muestra de agua tomada en la plaza principal de Lobos. “Nos llueven en la cabeza herbicidas e insecticidas”, manifestaron en el informe las organizaciones ambientalistas que participaron del trabajo.
Las mismas que en los últimos días expresaron su solidaridad con la investigadora e instaron a las autoridades del INTA a que “dejen de inmediato sin efecto la suspensión de la reunión informativa de los resultados del SPRINT, advirtiendo que tal proceder además de persecutorio y censor representa una violación al Acuerdo Escazú, por el cual la Argentina asumió la obligación de garantizar la divulgación de forma inmediata de toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños”.
Plagicidas
El proyecto SPRINT es una iniciativa internacional. Le ayudará a la Unión Europea a alcanzar el objetivo de reducir a la mitad la utilización de plaguicidas para el año 2030 encontrando “formas prácticas de usar pesticidas de manera más sostenible, basadas en datos de la vida real”. De los 11 países participantes, Argentina es el único no europeo.
Fuente Tiempo Argentino
