Familiares y vecinos de El Palomar marcharon este martes -por la tarde- para reclamar por la inocencia e inmediata liberación de Santino Alcaraz, de 20 años. El joven fue detenido hace tres semanas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en esa localidad del oeste bonaerense. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 a cargo de Pablo Masferrer, y el Juzgado de Garantías 2 de Morón.
En esa zona los uniformados realizaron cinco allanamientos en el marco de la investigación por un intento de asalto ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Colegio Emaús de El Palomar, en el que fue herido de bala el excomisario Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, mientras dejaba a su hija en el lugar. Santino quedó detenido en uno de esos operativos, se encuentra alojado en la alcaidía 13 de Merlo.
La manifestación por Santino de este martes se hizo en el puente de Dolores Prats, ubicado sobre Colectora Sur del Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar. Justo donde limitan los partidos de Morón y Tres de Febrero, cruzando por encima de la autopista Acceso Oeste.
«Santino es inocente»
Hasta el momento realizaron tres marchas pidiendo justicia: «Santino no es un delincuente, es un laburante gastronómico y el barbero del barrio, no se imaginan el daño que le hicieron a él y a su familia«, aseguró una vecina en la marcha, a Tiempo. «Necesitamos que lo liberen urgente, para que vuelva a su casa con sus tres hermanas«, reclamó.
Los manifestantes piden encarecidamente que revisen bien la causa. «Tenemos muchas pruebas que muestran que mi hijo es inocente y estaba en mi casa cuando intentaron asaltar a ese señor que fue a dejar a su hija en el colegio», enfatizó María Cáceres. Se movilizaron bajo el lema: «Por él, por su familia y la verdad».
En el marco de la misma investigación, fue imputado como uno de los responsables de la agresión al excomisario Catarraso, Maximiliano Uriel Peralta, quien se encontraba detenido hacía varios días en una comisaría de Tres de Febrero, por otro hecho delictivo. En otro operativo fue capturado también Thiago Tomás Miño, de 21 años. Y un adolescente de 14 años, cuya causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón.
El pasado 16 de septiembre allanaron la casa de la familia Alcaraz. Procedieron en forma muy violenta y los trataron mal a todos -contaron las víctimas a este diario- mientras revisaban la vivienda. «Actuaron de manera irregular, entraban y salían de la pieza de mi hijo. Finalmente vi que sacaron un arma con balas; pero eso no es de él«, aseguró María.
Un vecino que estuvo en la marcha contó: «La policía se equivocó, con mi familia conocemos a Santino desde que era chico, no es un pibe de hacer esas cosas, él es muy sano, muy buena persona, no nos entra en la cabeza lo que le están haciendo«.
Pruebas de la inocencia de Santino
La familia es representada por el abogado Sergio Sánchez. Cuando el letrado hizo algunas averiguaciones, les comunicó que la carátula es «robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones». También les dijo que lo acusan de otros 8 robos que habrían sido cometidos por una banda delictiva, el joven figura en todos esos expedientes.
Reconstruyendo los hechos, la familia de Santino explicó a este diario que el 10 de septiembre Santino estaba en la casa durmiendo en el horario que sucedieron los hechos, las 7:15 de la mañana, porque trabajaba -hasta el día que se lo llevaron- en una empresa gastronómica, en el barrio porteño de Belgrano.
También asegura que tienen las grabaciones de las cámaras donde se ve que Santino entra a su casa la noche anterior al intento de robo al excomisario y que no volvió a salir hasta el día siguiente, a las 13:10. Por lo que exigen a las autoridades que liberen al joven.
Familiares de detenidos -por causas presuntamente armadas en barriadas del conurbano bonaerense- y vecinos piden el cese de la utilización de los mecanismos legítimos del Estado para dañar a las personas más débiles y vulneradas en la sociedad.
Como muchos, comprenden que la corrupción de algunos sectores de las fuerzas de seguridad transita a plena luz del día y con total impunidad. Es la utilización del poder legítimo de manera indiscreta que azota a las barriadas, como una dictadura para los pobres.
La responsabilidad del Poder Judicial
Ignacio «Nano» Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires: «Las denuncias de familiares y vecinos sobre causas armadas en el conurbano no se explican por conductas individuales aisladas«, explicó a Tiempo.
Y completó. «La violencia institucional se apoya en rutinas: detenciones, allanamientos, requisas y actas que se repiten dentro de procedimientos formalmente legales y que, para funcionar, no necesitan que alguien viole abiertamente la norma sino que nadie los controle«.
Álvarez también explicó que ellos lo ven todos los días en el trabajo que hacen con los colectivos de familiares y los referentes territoriales, que suelen ser quienes primero traen esta información, mucho antes que cualquier canal formal. Y señaló que cuando se acredita que una fuerza policial armó o manipuló una causa, se trata de un delito que exige sanción penal y administrativa.
El director provincial contó que además hay un punto que suele quedar afuera de la discusión pública: la responsabilidad del Poder Judicial. También explicó que una parte importante de las investigaciones se delega en la propia policía, que las conduce sin supervisión efectiva durante largos tramos de la instrucción.
«La fiscalía avala procedimientos»
Continuó detallando que las fiscalías que impulsan la acción penal avalan procedimientos, actas y secuencias que deberían verificar. Y que los juzgados de garantías convalidan después lo actuado sin examen crítico. En pocos casos se recurre a prueba independiente del relato de la fuerza interviniente.
Álvarez apuntó: «Cuando el órgano que debe controlar el procedimiento es el que le da validez, que una persona termine presa por un hecho que no cometió es el resultado previsible de un sistema sin controles. Esa omisión le cabe al Poder Judicial, y en particular a las fiscalías«.
El director dijo que la Provincia de Buenos Aires ya tiene instrumentos para corregirlo y falta ponerlos a funcionar. Por ejemplo, la Ley 14.687 creó una Fiscalía Especializada en Violencia Institucional por cada departamento judicial, con criterios propios de investigación, un registro de procesos. Sin embargo, «su implementación efectiva sigue siendo muy baja», criticó.
Contó que es necesario dotar a esas fiscalías de recursos y de equipos formados con perspectiva de Derechos Humanos, para consolidar así una policía judicial que permita investigar sin depender de la fuerza investigada.
La investigación tiene que regirse bajo los criterios de los Protocolos de Estambul y Minnesota, como práctica obligatoria y no como excepción. Señaló que los exámenes médicos deben ser independientes, para la preservación de la prueba, los registros audiovisuales y control real de la cadena de custodia.
Una posible respuesta a la problemática
Álvarez consideró que con urgencia hay que discutir y aprobar la Ley Nacional de Abordaje Integral de la Violencia Institucional, impulsada por el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y el 75 nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.
El proyecto prohíbe bajo pena de nulidad que la fuerza involucrada actúe como auxiliar de la justicia, exige documentación médica independiente dentro de las veinticuatro horas conforme a los protocolos internacionales. Y crea centros de denuncia atendidos por personal civil y un registro único de acceso público, que hoy no existe, también establece un registro nacional que impide reciclar agentes sancionados.
También limita el estado policial fuera de servicio y obliga a depositar el arma reglamentaria. «Un dato importante, es que en 2025 el 58% del personal involucrado en muertes por intervención policial en la Provincia no estaba de servicio. Una seguridad democrática no se opone a los Derechos Humanos: exige que quienes investigan y quienes juzgan controlen a quienes detienen», finalizó Álvarez.
Fuente Tiempo Argentino
