El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a elegir el camino del show punitivo y la estigmatización territorial. Bajo el pretencioso y oscuro nombre de «Tormenta Negra», la gestión de Jorge Macri desplegó, por segunda vez en 4 meses, un descomunal aparato de saturación policial en 15 barrios populares. Con más de 1.500 efectivos en las calles, helicópteros, drones y cámaras de televisión, el oficialismo porteño montó una puesta en escena orientada al impacto en redes sociales, pero cuyo resultado real es la suspensión de hecho de los derechos de miles de vecinos y vecinas.
El saldo de la espectacular redada deja al descubierto su ineficiencia criminal; el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad confirmó apenas 15 detenciones, todas por infracciones de bajísima escala o delitos menores como «tenencia simple de marihuana» o «demora por tenencia detectada por can». Una proporción ridícula para semejante despliegue bélico, que demuestra que el objetivo nunca fue perseguir a capos del crimen organizado, sino construir estadísticas ficticias a costa de los derechos de los eslabones más vulnerables y discriminar a la población de los barrios populares.
Para tomar dimensión exacta del fracaso operativo y publicitario del Ejecutivo, basta contrastar este show con los datos estadísticos generales de la criminalidad ordinaria en el distrito. Según informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraba un promedio ordinario de 54 detenciones con alojamiento por día en 2024. Esto significa que las fuerzas de seguridad detienen rutinariamente y sin necesidad de espectáculos mediáticos a casi cuatro veces más personas en un día cualquiera que las capturadas bajo el paroxismo militar de este operativo masivo. Desplegar un ejército de 1.500 policías para raspar el fondo de la olla y terminar deteniendo a apenas 15 personas expone que la supuesta efectividad de la «mano dura» no es más que una ilusión propagandística cara e ineficiente.
El cinismo de este giro represivo del jefe de gobierno queda al descubierto al repasar su propio legajo político. Jorge Macri gobernó durante 12 años el municipio bonaerense de Vicente López —el mismo distrito al que ahora denigra con la “Operación Muro”, junto al resto del conurbano—. Durante más de una década de gestión en el conurbano, jamás implementó operativos militarizados al estilo de «Tormenta Negra» ni recurrió a desalojos administrativos exprés alegando falsos peligros de derrumbe en casas usurpadas o barrios vulnerables de su jurisdicción. Esta contradicción flagrante demuestra que su virulencia actual es aún más perversa: no responde a una convicción ideológica ni a un plan real de seguridad, sino a una pura y descarnada necesidad político-electoral. Su mutación discursiva es tan evidente que si mañana se pusiera de moda el pacifismo o el humanismo, Jorge Macri no dudaría en sacarse el uniforme de gendarme inmobiliario para aparecer públicamente vestido con una túnica blanca.
Este repentino endurecimiento post eleccionario responde de manera directa a una urgencia de supervivencia partidaria que combina dos motivos de coyuntura. En primer lugar, funciona como un manotazo de ahogado para intentar revertir el fuerte desgaste y mejorar su imagen, cuya gestión arrastra niveles críticos de desaprobación pública por parte de los porteños y viene de sufrir un durísimo revés en las urnas tras perder las elecciones legislativas de medio término.
Ante el descontento por el deterioro de los servicios y la falta de respuestas de fondo, la saturación policial en las villas y todo el show punitivista de “Ley y Orden” se utiliza como una pantalla de humo efectista. En segundo lugar, expone una desesperada estrategia de posicionamiento electoral: el PRO busca sobreactuar un perfil aún más reaccionar que el de La Libertad Avanza, compitiendo por el mismo electorado de derecha. El objetivo de máxima de este show punitivo es forzar una alianza distrital con el oficialismo nacional orientada exclusivamente a su reelección. Una capitulación política orientada exclusivamente a retener el control institucional del distrito y, sobre todo, blindar la monumental caja de la Ciudad de Buenos Aires, a la que la familia Macri le viene metiendo mano desde la gestión de Carlos Grosso.
Las huellas del macrismo en la Ciudad
Este proceso de degradación institucional adquiere una gravedad histórica insoslayable. A exactamente 30 años de la conquista de la Autonomía de la Ciudad, el balance institucional es alarmante: dos tercios de ese tiempo el distrito estuvo gobernado bajo las gestiones de la familia Macri (Mauricio, Horacio Rodríguez Larreta como continuador de la misma fuerza, y ahora Jorge Macri). Sin embargo, el desembarco de este clan familiar en el control de lo público no empezó con sus candidaturas. Ya manejaban e influenciaban los destinos de la Ciudad desde el poder empresarial y de la patria contratista mucho antes de la reforma constitucional, usufructuando la obra pública y los servicios urbanos concesionados. Dos décadas de control directo de la caja y el aparato estatal han transformado la autonomía —concebida originalmente para ampliar los derechos de la ciudadanía porteña— en una estructura de negocios privados.
El contraste presupuestario del GCBA expone la ligereza con la que se administran los recursos públicos. La Legislatura aprobó para el ejercicio un presupuesto total de $17,3 billones de pesos, destinando a la función Seguridad un monumental 15% del total general, lo que equivale a más de $2,6 billones de pesos. Si consideramos informes de auditoría del CELS sobre despliegues similares, movilizar 1.500 policías simultáneamente, combustible de patrulleros, helicóptero, drones y personal de control gubernamental se traduce en un gasto estimado que supera holgadamente los $70 millones de pesos por jornada. Desparramar millones de pesos públicos para terminar deteniendo a un puñado de personas por delitos menores es una malversación encubierta de los recursos de los contribuyentes.
Esta asimetría en la persecución penal salta a la vista al realizar un análisis comparativo con las comunas del norte y centro de la ciudad, que no poseen barrios populares ni villas de emergencia en sus jurisdicciones. Mientras las comunas de Recoleta, Palermo, Belgrano o Caballito reciben patrullaje preventivo convencional y tecnología de videovigilancia silenciosa, jamás se les somete a un estado de sitio de hecho. En barrios residenciales, el GCBA jamás osaría desplegar 1.500 efectivos de infantería con armas largas para requisar las mochilas de los oficinistas o las billeteras de los transeúntes, ni mucho menos realizar allanamientos masivos en busca de infracciones comerciales de manera indiscriminada en sus avenidas. En la geografía porteña, la presunción de inocencia parece ser un derecho exclusivo de las zonas medias y acomodadas, mientras que el control punitivo invasivo se reserva como castigo geográfico para las áreas marginadas.
«Limpiar» la ciudad para el mercado inmobiliario
Este accionar no es un hecho aislado, sino la fase superior de un modelo urbano que la fuerza que gobierna la ciudad ejecuta de manera ininterrumpida desde hace 19 años. Casi dos décadas de gestión macrista han consolidado una matriz donde es el propio mercado inmobiliario el que diseña la ciudad. Bajo esta lógica corporativa, las prioridades del Estado local no se discuten en los barrios ni en las instituciones democráticas, sino en las mesas de los grandes jugadores del mercado.
El objetivo de fondo es nítido: “limpiar la ciudad” para favorecer los procesos de valorización inmobiliaria, transformando el suelo urbano en un activo financiero exclusivo para sectores de alto poder adquisitivo que sí “merecen la ciudad”, “porteños de bien” según la recurrente definición del propio Jefe de Gobierno. Lo que comenzó en 2007 como la entrega sistemática de tierras públicas a la especulación ingresa ahora en su etapa final y más violenta: la expulsión lisa y llana de los sectores populares.
La ofensiva del GCBA se despliega en múltiples frentes de persecución contra la economía popular y la subsistencia básica. No solo se sitian barrios, sino que se ejecuta una cacería sistemática contra los recuperadores urbanos (cartoneros) y los vendedores ambulantes, a quienes se les secuestran mercaderías, carros y herramientas bajo supuestos criterios de ordenamiento del espacio público. A esta asfixia económica se suman los desalojos administrativos exprés encubiertos bajo la carátula de «peligro de derrumbe». Al clausurar de manera forzosa viviendas, inquilinatos, comercios en los barrios populares y corralones comunitarios sin ofrecer soluciones habitacionales definitivas ni planes de readecuación segura, el Estado local utiliza el argumento de la vulnerabilidad edilicia no para proteger a las familias, sino como una herramienta legal perfecta para el vaciamiento poblacional de los “indeseados”.
La maquinaria estatal funciona de manera asimétrica. Mientras el presupuesto porteño destinado a las políticas de urbanización y soluciones habitacionales reales sufre un vaciamiento histórico, cayendo a su nivel más bajo en 14 años, el Ejecutivo allana el camino para los intereses corporativos. Ejemplos emblemáticos como el megaproyecto «Costa Urbana» —impulsado junto al grupo IRSA sobre la ex Ciudad Deportiva de Boca—, el “Parque de la Innovación” —en el predio del ex Tiro Federal— o los intentos de privatización en la costanera con las torres de lujo en Costa Salguero demuestran dónde están puestas las prioridades.
Al sitiar, hostigar y ahogar económicamente a los asentamientos populares linderos a las zonas de mayor valuación de la ciudad —como el Barrio Mugica, vecino al corredor portuario y de Retiro— el GCBA busca forzar el desplazamiento de sus habitantes originarios, dejando el suelo libre para desarrollos suntuosos y la renta financiera —spoiler, sigan de cerca el proceso en el Barrio Saldías—. Son crecientes las voces de influencers del mercado que lo explicitan, como la del desarrollador inmobiliario libertario Beltrán Briones, que recorrió el mencionado barrio de la mano de un grupo importante de serviles funcionarios porteños, donde se encontraba incluso el propio ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida.
Con esta estrategia de desplazamiento y persecución, la gestión de Jorge Macri vulnera de forma flagrante el «derecho a la ciudad», un principio internacional rector que garantiza el usufructo equitativo del espacio urbano y el derecho de todos/as a habitar, transformar y permanecer en sus territorios. Este accionar incurre en una abierta discriminación estructural. Al dirigir controles migratorios masivos, requisas arbitrarias y la incautación de herramientas de trabajo de manera exclusiva hacia las villas porteñas, las autoridades locales asumen un sesgo de clase explícito.
El cinismo político
Hostigar merenderos comunitarios, cerrar locales comerciales familiares en barriadas populares o clausurar cooperativas bajo la faja de la ilegalidad no combate el crimen; destruye el tejido de subsistencia de las familias de los barrios. El GCBA pisotea de esta manera la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad (Ley N° 5.261), que prohíbe taxativamente toda distinción o restricción basada en el origen étnico, la nacionalidad, la posición económica o el lugar de residencia y también emitir mensajes que menoscaben la dignidad o promocionen los discursos de odio —hace falta solo ver los comentarios en los reels que publican luego de los operativos—.
El cinismo político de esta administración alcanza su punto máximo al contrastar sus métodos con el bloque normativo que juró defender. El Artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una sugerencia; es un mandato imperativo que obliga al Estado a garantizar la urbanización e integración plena de los barrios populares, resguardando la radicación definitiva de sus habitantes. El Jefe de Gobierno debería estar haciendo exactamente lo opuesto a estos operativos. Su responsabilidad constitucional es destinar el presupuesto público a la regularización dominial, abrir calles, iluminar pasillos, proveer agua potable, cloacas y tender redes eléctricas seguras. La ley manda a edificar escuelas y centros de salud, no a enviar fuerzas de choque, incautar bolsones de reciclado y firmar resoluciones de desalojo administrativo para destruir el único techo de quienes sobreviven en la indigencia.
Esta obligación de revertir activamente la desigualdad sociourbana se alinea de forma directa con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra el acceso real a una vivienda digna, y el artículo 75 inciso 23, que exige a los poderes públicos promover acciones positivas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato hacia los sectores históricamente postergados. El Poder Ejecutivo porteño desoye intencionalmente estos principios rectores. Mientras las tierras públicas se subastan para torres con el metro cuadrado a valor de Puerto Madero, los recursos públicos de seguridad se desvían de manera obscena para financiar la espectacularización del miedo en los barrios populares.
A nivel global, este proceder de «mano dura» selectiva coloca a la Ciudad en abierta contradicción con los tratados internacionales con jerarquía constitucional. El operativo infringe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Estos pactos, a los que adhirió nuestro país, prohíben estrictamente las detenciones basadas en perfiles raciales o socioeconómicos, así como las requisas y allanamientos masivos llevados a cabo sin investigación previa ni órdenes judiciales concretas. Las directrices de la ONU sobre el derecho al hábitat exigen que los gobiernos prioricen la mejora integral y pacífica de los asentamientos informales, promoviendo el diálogo y la integración sociolaboral en lugar de confiscar el sustento de las cooperativas, perseguir a los trabajadores de la vía pública y desmantelar el sustento de las familias humildes.
Como denunciaron las organizaciones territoriales y la propia Iglesia católica en el Barrio Mugica en mayo de este año, la verdadera «tormenta negra» la constituyen el avance del narcotráfico por inacción de la inteligencia estatal, la falta de empleo y un Estado que se retira de sus funciones sociales primarias para actuar únicamente como gendarme inmobiliario. La seguridad democrática se construye cumpliendo las leyes vigentes y saldando las deudas históricas de infraestructura; nunca persiguiendo al laburante, violando la Constitución y tratando a los habitantes de los barrios populares como ciudadanos de segunda.
Frente a este avance de la violencia institucional y la xenofobia de Estado, se vuelve imperativo que la sociedad civil, las organizaciones sociales y territoriales, los colectivos de derechos humanos y la población porteña que rechaza de plano la discriminación articulen una respuesta contundente para poner freno a la entrega mercantil de la geografía urbana. En este escenario crítico, los referentes y partidos de la oposición tienen la obligación ética e histórica de explicitar de manera urgente su rechazo absoluto a estos mecanismos de vaciamiento y persecución. No bastará con declaraciones tibias de ocasión; es momento de construir una respuesta política democrática que desmantele la farsa punitivista del marketing oficial y restituya el mandato de integración, igualdad y dignidad humana que las leyes de la Ciudad exigen con fuerza constitucional.
Fuente Tiempo Argentino
