Durante septiembre -sin fecha firme- debería empezar a cumplirse el acuerdo firmado entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Jorge Macri. El mismo consiste en trasladar a los detenidos que en la actualidad están en la penal de Devoto a los nuevos módulos carcelarios de Marcos Paz, dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La querella, sobrevivientes y familiares de víctimas de la Masacre del Pabellón Séptimo, reclaman que abran un diálogo para tratar el asunto.
Cuando la cárcel de Devoto esté vacía, tienen planificado urbanizar el predio con espacios verdes. Y tendrá un sector que mantendrá viva la memoria por la Masacre del Pabellón Séptimo -ocurrida el 14 de marzo de 1978- donde fallecieron 65 detenidos en un incendio. Sin embargo, la querella reclama que no se traslade a nadie, pero que si así sucede: que todo el penal sea un Sitio de Memoria.
Un reclamo colectivo sostenido en el tiempo
En este contexto, Tiempo se comunicó con Claudia Cesaroni, es abogada fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), quien luchó junto a su estudio jurídico para desarchivar la causa de la Masacre y a fines de 2025 logró que dos exjefes del SPF sean condenados. «Nosotros estamos totalmente en contra de que se efectivicen los traslados«, puntualizó la letrada.
Cesaroni completó: «Desde hace varios años que estamos acompañamos todos los pedidos para evitar los traslados, hicimos una movilización y varias actividades para expresar nuestro reclamo colectivo«.
La abogada y escritora continuó contando que lo hicieron por todo el valor y lo que significa la cárcel de Devoto, por su historia y también el presente. Porque allí funciona el Centro Universitario Devoto (CUD), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consideran que es de vital importancia preservarlo.
Claudia reclamó :»Nos parece que para los detenidos son muy importantes las actividades que se realizan en el CUD. Además, está el derecho que tienen las familias al mantener un contacto frecuente y cercano con sus familiares privados de libertad, como así también las organizaciones sociales de acercarse a ellos«.
En contra de los traslados de Devoto a Marcos Paz
La abogada profundizó en que la distancia rompe vínculos de todo tipo. Y que a la misma Universidad de Bueno Aires se le dificulta muchísimo enviar al cuerpo docente a Marcos Paz. Explicó que por eso se oponen rotundamente al cierre y traslado de la cárcel.
También explicó que si les resulta imposible evitar que eso suceda, porque es inminente, entonces quieren que el predio completo sea preservado para la memoria de la Masacre del Pabellón Séptimo y que no sea solo un cartel o una baldosa. Por eso, puntualizó en que se tiene que abrir un diálogo para discutir sobre de qué manera se realizará.
Cesaroni recordó que en 2018 hicieron una presentación ante Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal Nº 3, donde está la instrucción de la causa por la Masacre del Pabellón Séptimo.
En esa oportunidad pidieron que el magistrado dicte una medida de no innovación del predio de la unidad penal, que no avancen con los traslados hasta que no se termine la etapa probatoria. Y remarcó que el juez les concedió esa medida, en la misma también pidieron que todo el predio de la cárcel sea un Sitio de Memoria. La letrada adviertió que todo esto «todavía está en curso».
Por eso, están dialogando con las y los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque son ellos quienes tienen que firmar y dictar una Ley de traspaso y utilización del predio del penal.
«Nadie nos convocó a un diálogo»
Cesaroni enfatizó: «No pueden hacer solo como ellos quieren; no es tan fácil. Lamentablemente no hemos sido convocados por el Gobierno de Ciudad ni por nadie a pesar de que somos querellantes, sobrevivientes y los familiares de las víctimas, queremos discutir sobre qué y cómo se va a proceder en ese lugar«.
La abogada explicó que pretenden que se haga el mismo recorrido legal y jurídico que se hizo para llevar adelante la construcción de los espacios de memoria que están ubicados en Campo de Mayo y la exEsma. También en muchos otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas que funcionaron durante la última dictadura cívica-militar.
Cesaroni concluyó: «Las compañeras expresas políticas -que también se han manifestado ante el juez Rafecas- pidieron no innovar el predio de la cárcel. Ellas estuvieron detenidas en distintas partes del penal; no es solo el Pabellón Séptimo. Por eso, consideramos de suma importancia también consultarle a ellas sobre qué hacer con esa cárcel«.
Sobre los nuevos módulos en Marcos Paz
Cabe destacar que los nuevos módulos del penal de Marcos Paz tienen capacidad de alojamiento para dos mil doscientas personas. Mil quinientas corresponden a la población de la cárcel de Devoto. En tanto las setecientas plazas restantes se completarán con presos que están en alcaidías y comisarías -que alojan a más de 2 mil detenidos- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los módulos fueron construidos tras un acuerdo -pactado en 2018- entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Luego, en 2020, plena pandemia por Civid-19, mientras transitaban los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, la construcción fue paralizada.
Por su parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en noviembre de 2025- sancionó la Ley 6923 que crea el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. Mientras tanto, el Gobierno porteño esgrime que va a inaugurar la Alcaldía General de la Ciudad -con 400 plazas- y que eso servirá para descomprimir las comisarías, también otros lugares que no están legítimamente constituidos para alojar personas detenidas. Aseguran que comenzará a funcionar a principios de 2027.
En junio pasado, Jorge Macri abrió la primera convocatoria para quienes quieran ser miembros del nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad (SPC). Y los nuevos integrantes de esta fuerza serán capacitados en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).
Si todo esto sucede, impactará de manera directa contra el proyecto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona en ese establecimiento hace más de 40 años; el Programa UBA XXII, de educación en contexto de encierro.
Fuente Tiempo Argentino
